Un reciente fallo de la Primera Sala de la Corte Suprema aborda los límites de aplicación de la Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, frente a la regulación sectorial. Aunque el caso se refiere a la normativa sanitaria, plantea una pregunta de alcance más amplio: cuando una actividad está sujeta a una ley especial, ¿puede un tribunal civil declarar directamente una infracción que corresponde determinar a una autoridad sectorial especializada?
I. El caso y la decisión de la Corte Suprema
El caso surgió de una demanda colectiva contra Walmart Chile S.A. por la supuesta venta de productos agrícolas con residuos de plaguicidas superiores a los límites permitidos. La asociación demandante pidió, entre otras medidas, sanciones, el retiro de productos e indemnizaciones.
La Corte Suprema mantuvo la declaración de incompetencia del tribunal civil sobre la base de tres criterios:
- Corresponde a las SEREMI de Salud fiscalizar y sancionar las infracciones a los límites de residuos de plaguicidas en alimentos.
- Para reclamar indemnizaciones fundadas en este tipo de infracciones, la autoridad sanitaria debe determinar previamente su existencia.
- Resultan aplicables el artículo 2 bis letra b) de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, que excluye de su ámbito de aplicación las materias regidas por leyes especiales, y los artículos 44, 47 y 58 bis de la misma Ley, que establecen mecanismos de coordinación entre los tribunales y las autoridades sectoriales con competencia sancionadora.
II. Una cuestión que va más allá de la normativa sanitaria
El fallo plantea una pregunta relevante para las demandas de consumidores en sectores regulados: ¿quién tiene competencia para determinar la infracción y aplicar sanciones cuando los hechos están sujetos a una ley especial? La cuestión puede surgir, entre otros, en los siguientes ámbitos:
- En el sector eléctrico, es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles quien fiscaliza y sanciona las interrupciones del suministro. Sobre esta materia, el equipo judicial de Prieto publicó una columna en El Mercurio Legal en 2022.
- En telecomunicaciones, es la Subsecretaria de Telecomunicaciones el ente fiscalizador de infracciones a la normativa del ramo.
- En servicios sanitarios, es la Superintendencia de Servicios Sanitarios quien fiscaliza y sanciona interrupciones o deficiencias en los servicios de agua potable y aguas servidas.
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