El martes 20 de diciembre, el Presidente de la República, junto a varios de los ministros de las principales carteras del Gobierno, presentó la nueva “Política Nacional contra el Crimen Organizado”, que detalla un plan de acción para los distintos órganos y servicios públicos en relación al combate de las actividades delictuales ejecutadas por organizaciones criminales.
El documento, redactado por el Consejo Asesor contra el Crimen Organizado (“Consejo”), contempla diez ejes de trabajo orientados a, entre otras cuestiones, abordar todas las aristas posibles del crimen organizado, fomentar la acción planificada y coordinada de las instituciones del Estado en su prevención y persecución e incorporar directrices y objetivos nacionales sugeridos por la Organización de las Naciones Unidas en esta materia.
Dentro de estos ejes de trabajo, resulta del caso destacar:
- El desbaratamiento de la economía del crimen organizado, mediante la prevención y persecución del delito de lavado de activos y el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financieros (“UAF”).
- La disminución del poder de fuego de las organizaciones criminales, a través de la aplicación de nuevas tecnologías y el fomento del trabajo coordinado para enfrentar el delito de tráfico ilícito de armas.
- La prevención de la corrupción y cooptación de las instituciones públicas, para evitar el fenómeno conocido como la “captura del Estado”, buscando identificar en forma temprana los distintos escenarios de corrupción a los que se ven enfrentados los órganos y servicios públicos y aumentando la cantidad de instituciones obligadas a reportar operaciones sospechosas a la UAF.
- Una agenda legislativa para mejorar la detección, investigación y persecución del crimen organizado, la cual contempla tanto el apoyo a proyectos de ley actualmente en trámite como la presentación y patrocinio de nuevos proyectos, además de la creación de un “Plan de Seguridad” para jueces, fiscales y funcionarios públicos que participen en investigaciones a organizaciones criminales.
El Consejo se reunirá nuevamente en marzo de 2023 para evaluar los avances en la implementación de esta Política Nacional, y hacer los ajustes que sean necesarios para su mejor aplicación.
No obstante ser de interés colectivo, el anuncio de esta Política Nacional y su posterior concreción requieren de especial atención por parte de las empresas, las que deberán monitorear de cerca su avance y anticipar la preparación e implementación de los cambios que sea necesario adoptar en relación con sus respectivos Sistemas de Prevención de Delitos.
CONTACTO
José Andrés Pascual
Socio
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Asociado
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