La circular N°2.325 emitida el 9 de noviembre por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), está dirigida a aquellas entidades fiscalizadas que sean bancos, cooperativas o empresas emisoras de tarjetas de pago.
El objetivo de la circular es actualizar la normativa sobre (i) prevención de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y (ii) la no proliferación de armas de destrucción masiva, en consideración a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental cuya finalidad es establecer estándares y promover la aplicación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir tanto los mencionados delitos como otras amenazas al sistema financiero internacional.
De esta manera, las modificaciones a la normativa de la CMF actualizan las instrucciones destinadas a las mencionadas entidades, en el sentido de armonizarlas con el contenido de las Circulares N° 54, 55, 57, 58 y 59 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), lo que comprende, entre otras materias:
- El énfasis en las medidas que se deben adoptar para la identificación del beneficiario final al momento de evaluar personas políticamente expuestas;
- Un mayor hincapié en la prevención y detección del financiamiento del terrorismo y la no proliferación de armas de destrucción masiva; y,
- La actualización de directrices generales sobre la debida diligencia y conocimiento del cliente.
Adicionalmente, la Circular N° 2.325 también actualiza las referencias a la nueva institucionalidad del regulador, corrigiendo las menciones a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
De esta manera, es recomendable llevar a cabo procesos de monitoreo y revisión periódicos en relación con el funcionamiento de las medidas adoptadas por los bancos, las cooperativas y las empresas emisoras de tarjetas de pago no bancarias, con el propósito de que enfrenten de la mejor manera posible los desafíos planteados por el regulador y puedan dar plena observancia a la normativa vigente.
“es recomendable llevar a cabo procesos de monitoreo y revisión periódicos en relación con el funcionamiento de las medidas adoptadas por los bancos, las cooperativas y las empresas emisoras de tarjetas de pago no bancarias, con el propósito de que enfrenten de la mejor manera posible los desafíos planteados por el regulador”
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