En esta edición revisamos una inédita sentencia del Segundo Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana (“TTA”) que rechazó la solicitud del Servicio de Impuestos Internos (“S.I.I.”) de declarar la existencia de elusión tributaria por simulación respecto de préstamos intragrupo otorgados a una sociedad chilena por su relacionada uruguaya; y un interesante oficio del S.I.I. que aborda los efectos tributarios de reorganizar la estructura de una entidad extranjera acogida al sistema de declaración de bienes en el extranjero de la Ley N°20.780, con ocasión de su revocación y la distribución de su patrimonio entre sus beneficiarios.
1. TTA resuelve que la sola sospecha sobre una reestructuración de flujos intragrupo no basta para declarar simulación tributaria.
El TTA rechazó el requerimiento del S.I.I. para que se declarara la existencia de elusión por simulación, conforme a la Norma General Antielusiva, respecto de un contribuyente chileno deudor de una sociedad relacionada domiciliada en el extranjero, en virtud de préstamos otorgados entre 2014 y 2016 por un capital de US$56,8 millones. El S.I.I. sostuvo que esa deuda fue reclasificada contablemente bajo una denominación de “cuenta corriente mercantil” —figura que no cumplía los requisitos legales para calificarla como tal— con el fin de disimular que la acreedora había renunciado a cobrar el capital, lo que habría generado para el deudor un incremento patrimonial gravado con impuesto a la renta.
El TTA fijó como estándar que la simulación tributaria exige acreditar, de forma grave, precisa y concordante, una declaración de voluntad deliberadamente disconforme con la real, adoptada de común acuerdo entre las partes y con el propósito específico de engañar al Fisco. En consecuencia, no basta cuestionar la estructura elegida ni apoyarse en presunciones.
Aplicando ese estándar, el tribunal concluyó que el S.I.I. no logró probar la renuncia al cobro del capital. Es más, las cartolas bancarias de ambas sociedades, incluidas las aportadas por la autoridad tributaria del país de la relacionada, acreditaron el pago efectivo del capital mediante transferencias, habiéndose condonado únicamente los intereses. El tribunal agregó que la denominación contable de la cuenta no alteró la naturaleza ni la exigibilidad de la deuda —que el contribuyente siguió reconociendo en sus declaraciones juradas sobre precios de transferencia— y que la ausencia de cobro de intereses es compatible con la lógica de ese tipo de contrato mientras no se liquide, conforme al propio criterio del S.I.I.1 El tribunal precisó que esa remisión parcial de intereses no permite, por sí sola, configurar una simulación de la operación completa.
En definitiva, el fallo reafirma que la sola reorganización de flujos intragrupo no constituye una simulación cuando se encuentra debidamente respaldada en la contabilidad, y que el peso de acreditar el engaño deliberado recae en el S.I.I., sin que las meras irregularidades formales o dudas sobre la estructura lo suplan.
2. S.I.I. confirma que la revocación de una entidad extranjera acogida al artículo vigesimocuarto transitorio de la Ley N°20.780 no genera renta para sus beneficiarios Oficio N°2191 de 2026
Una familia consultó al S.I.I. sobre los efectos tributarios de reorganizar la estructura patrimonial de una entidad panameña —constituida en 2008 y acogida en 2015 al sistema extraordinario de declaración de bienes situados en el extranjero del artículo vigesimocuarto transitorio de la Ley N°20.780— que, a través de dos sociedades panameñas, es titular de cuentas de inversión en el exterior. La reorganización contempla fusionar ambas sociedades y dividir la resultante en tres nuevas sociedades, una por cada tercio del patrimonio; revocar la entidad holding; y distribuir sus acciones entre los miembros de la familia, beneficiarios chilenos de la entidad panameña, manteniendo las mismas proporciones económicas que ya tenían.
El Servicio confirmó los tres criterios consultados, esto es:
- Primero, que la fusión y posterior división de las sociedades panameñas, al no mantener estos activos subyacentes en Chile, no configura enajenación indirecta, por lo que la operación no genera efectos tributarios en Chile, sin perjuicio de los efectos que pudiera tener para los beneficiarios domiciliados en Chile bajo las normas de CFC (controlador de rentas pasivas extranjeras), que deben analizarse por separado.
- Segundo, que la adjudicación de las acciones de las nuevas sociedades a los beneficiarios, una vez revocada la entidad holding, no genera incremento patrimonial para ellos, en la medida que el valor declarado bajo el artículo vigesimocuarto transitorio se asigne en la misma proporción del patrimonio que cada uno ya detentaba en dicha entidad, atendido el carácter único y sustitutivo de dicho impuesto.
- Tercero, que el costo tributario de las cuentas de inversión no se ve alteradopor la sola revocación de la entidad panameña, porque la radicación directa de esos activos en el patrimonio de los beneficiarios en Chile exige, además, la disolución de las sociedades en que quedan radicados. Mientras eso no ocurra, el costo tributario sigue siendo el registrado contablemente en esas sociedades, y no el valor que sirvió de base para declarar el impuesto único y sustitutivo.
1 Oficio N°476 de 2020.
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